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Las Juntas Arbitrales del Transporte


El transporte terrestre presenta la peculiaridad de disponer de cauces propios de resolución de conflictos, por medio de las llamadas Juntas Arbitrales del Transporte (JAT) que, si bien, han visto rebajada su incidencia desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1995, de 23 de noviembre de 1995, siguen conservando una gran importancia. Exponemos a grandes trazos su funcionamiento y ubicación dentro del sistema.

Composición

Las Juntas Arbitrales del Transporte estarán compuestas por el presidente, Licenciado en Derecho, y por un mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales, designados todos ellos por las comunidades autónomas o, en su caso, por la Dirección General de Transportes por Carretera. Los vocales representan tanto a las empresas de transporte como a los cargadores (art. 8 ROTT).

¿Dónde están las Juntas?

La localización geográfica y el ámbito territorial de las Juntas arbitrales del transporte serán determinados por las correspondientes Comunidades Autónomas en las que estén situadas cuando las mismas hayan asumido las competencias al efecto o, en otro caso, por la Dirección General de Transportes Terrestres (art. 7.1 ROTT)

Las Juntas Arbitrales del Transporte se han creado en todas las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla

Asuntos que pueden someterse a su competencia

Corresponde a las Juntas arbitrales del transporte el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. Resolver, con los efectos previstos en la ley general de arbitraje, las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera entre las partes intervinientes o que ostenten un interés legitimo en los mismos, que sean sometidas a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la LOTT. Estarán excluidas de la competencia de las Juntas las controversias de carácter laboral o penal.
  2. Informar y dictaminar, a petición de la Administración o de las personas que justifiquen un interés legitimo, sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera, las cláusulas generales y particulares de su ejecución, las incidencias derivadas de dicha ejecución, las tarifas aplicables y los usos de comercio de observancia general.
  3. Actuar como depositarias y realizar, en su caso, la enajenación de las mercancías no retiradas que corrieran riesgo de perderse o cuyos portes no hayan sido pagados, a fin de garantizar la percepción de los mismos por el transportista en los casos previstos.
  4. Realizar a instancia de cualquiera de los interesados, si existieran dudas o discusiones entre éstos sobre el estado de los efectos transportados, previamente al eventual planteamiento de las controversias a que se refiere el apartado a), las funciones de peritación sobre el estado de dichos efectos, procediendo en su caso al depósito de los mismos.
  5. Las demás que, para facilitar el cumplimiento del contrato de transportes y para proteger los intereses de los transportistas y de los usuarios o cargadores, le sean expresamente atribuidas por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones (art. 6 ROTT y 38 LOTT)

Sumisión expresa o presunta

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional mencionada en el encabezamiento, que declaró inconstitucional la sumisión obligatoria, este arbitraje instititucional, que no tiene parangón en otros ordenamientos, vio reducido su ámbito de intervención. En la actualidad, para que ésta se produzca debe existir sometimiento expreso o tácito.

Se presumirá que existe acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado (art. 38.1 LOTT)

Competencia

La competencia vendrá determinada por el lugar de origen o destino del transporte o el de celebración del correspondiente contrato, a elección del peticionario o demandante, salvo que expresamente y por escrito se haya pactado la sumisión a una Junta concreta (art. 7.2 ROTT)

Procedimiento (art. 9 ROTT)

El procedimiento ante las JAT se caracteriza por ser antiformalista, aunque las acciones deberán promoverse en los brevísimos plazos prescripción previstos en la normativa del ramo, como si se tratara de un Tribunal de Justicia.

Cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario que sea parte contratante en un transporte, puede acudir a la Junta Arbitral, sin necesidad de Abogado ni Procurador. No obstante es recomendable ser asesorado o asistido por un profesional del derecho pues los laudos dictados por la JAT son obligatorios. La representación podrá conferirse mediante escrito dirigido a la Junta de que se trate.

Las actuaciones arbitrales de las Juntas serán instadas por escrito firmado por el actor o sus representantes, en el que se expresará el nombre y domicilio del reclamante y de la persona contra la que se reclama, haciendo exposición de los fundamentos de hecho y de derecho en los que se justifique la reclamación, especificando de forma clara y precisa la petición y proponiendo las pruebas que se estimen pertinentes.

No hay trámite de contestación escrita: se remite copia de la de la reclamación a la parte contra la que se reclame, señalándose en ese mismo escrito fecha para la vista, que será comunicada también al demandante.

La vista será oral. Las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga y aportar o proponer las pruebas que estimen pertinentes.

La Junta dictará su laudo, una vez oídas las partes y practicadas o recibidas las pruebas que considere oportunas, en el plazo previsto en la legislación general de arbitraje.

La inasistencia tiene efectos similares que en la normativa procesal ordinaria. En caso de que el reclamante o su representante no asistiera a la vista se le tendrá por desistido en su reclamación. La inasistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista ni que se dicte el laudo.

Los laudos arbitrales tendrán los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, procediendo únicamente contra ellos la acción de anulación y de revisión por las causas específicamente previstas en dicha legislación.

Transcurridos veinte días desde que fuera dictado el laudo, podrá obtenerse su ejecución forzosa ante el órgano judicial competente (Juzgado de Primera Instancia), siendo en tal caso aplicables, asimismo, las previsiones de la legislación general de arbitraje.

Gratuidad del procedimiento

Los arbitrajes serán gratuitos, sin perjuicio de la obligatoriedad de satisfacer los gastos generados por la práctica de pruebas.

El pago de las costas se regirá por lo dispuesto en la legislación general de arbitraje.

Normativa Fundamental:

ROTT: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

LOTT: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal

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El derecho de compensación en la reventa de obras de arte


La creación de una obra de arte gráfica o plástica, tal como un cuadro, un grabado o una escultura genera, para su autor, un derecho de propiedad intelectual conocido como derecho de participación, que consiste, como su propio nombre indica, en el derecho a percibir una parte del precio obtenido en la venta de su creación. Exponemos las líneas generales de este derecho, fundamentalmente regulado en la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, que deroga la anterior regulación contenida en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y su desarrollo reglamentario.

El derecho de compensación

Los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor.

Este derecho corresponde al autor de la obra y a sus derechohabientes -herederos- tras la muerte o declaración de fallecimiento, sólo puede transmitirse mortis causa, y se extinguirá transcurridos setenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento del autor.

Reventas sujetas al derecho de participación

Elemento subjetivo

No se aplica el derecho de participación a cualquier reventa, sino sólo a aquellas en la que intervenga un profesional del tráfico de obras de arte. Como dice la Ley, el derecho surge cuando intervienen en la transacción, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte, es decir, cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado, tales como salas de venta, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte. En tal concepto se incluyen a los profesionales del mercado del arte lleven a cabo las actividades descritas a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Elemento objetivo

El derecho de participación de los autores nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 1.200 euros, excluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto concebido con carácter unitario.

Reventas no sujetas

Se exceptúan los actos de reventa de la obra que haya sido comprada por una galería de arte directamente al autor, siempre que el período transcurrido entre esta primera adquisición y la reventa no supere tres años y el precio de reventa no exceda de 10.000 euros excluidos impuestos.

Importe del impuesto

El importe se calcula en función de porcentajes y tramos. Según escala, el importe mínimo es un 4% sobre el precio de reventa sin inclusión del impuesto devengado por la misma. En ningún caso el importe total del derecho podrá exceder de 12.500 euros.

Cooperación del los profesionales del mercado del arte

El ejercicio de este derecho sería inviable si no se impusiera a los profesionales intervinientes en el mercado del arte ciertas obligaciones, entre ellas:

  1. La de notificación al vendedor, al titular del derecho de participación y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la fecha de la reventa;
  2. Retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida.

Pago del derecho

Efectuada la notificación referida más arriba, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho a la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, a los titulares del derecho, en un plazo máximo de dos meses.

Prescripción del derecho

La acción de los titulares para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal
Abogado

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La exportación de bienes culturales


Los bienes del patrimonio histórico español (PHE) no pueden circular libremente por el mundo, ni siquiera dentro de la Unión Europea, pese a la existencia de un Mercado Único y de libertad de circulación de personas, bienes y capitales. La exportación de dichos bienes, en la mayoría de los casos, está sujeta a autorización administrativa.

Por exportación no sólo se entiende la venta o la enajenación internacional de una de una obra del PHE, sino que, en el ámbito de la normativa, tanto nacional como internacional, el concepto tiene un sentido mucho más amplio.

Asimismo, conviene precisar que el régimen jurídico de las exportaciones de bienes culturales establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español, y del sistema de autorizaciones, se ha visto muy matizado por la normativa de la Unión Europea, particularmente por el Reglamento (CEE) nº 3911/1992 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales; en cuanto a la represión de la exportación, puesto que hablamos de tráfico internacional de bienes, la normativa española debe conjugarse tanto con la normativa europea como con los distintos tratados de ámbito universal ratificados por España, que en resumen tratan de reconducir el problema de la colisión de jurisdicciones y el conflicto de leyes.

Prescindiremos del análisis global de la problemática que encierra la exportación -tanto legal como ilegal- de bienes culturales y nos ceñiremos a ofrecer unas sencillas líneas generales que encontramos en la normativa española. El lector deberá tener en cuenta que hablamos de una materia especialmente delicada y que no a todas las exportaciones se le aplica la misma normativa, por lo que deberá buscar asesoramiento experto.

Concepto de Exportación y de bienes exportables

A efectos de la Ley de PHE, se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. En el concepto de exportación se comprende cualquier acto u operación que implique una salida del bien del territorio y no sólo la venta de un bien a adquirente situado en un tercer país -no miembro de la Unión Europea-. Incluso la mera cesión temporal de bien, por ejemplo, a fin de exposición museística o investigación, se encuentra comprendida en el concepto.

No todos los bienes del PHE son exportables y no todos esos bienes están sujetos a limitación.

Bienes inexportables

No son exportables, por disposición expresa de la Ley: 1) aquellos bienes que por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley; y 2) los bienes declarados de interés cultural, salvo que se trate de una salida temporal de España, cumpliendo ciertas condiciones y garantías especificados en la preceptiva autorización administrativa o dicha salida se lleve a cabo como consecuencia de acuerdos intergubernamentales de permuta.

Tambíen existen otros bienes implícitamente inexportables, como los pertenecientes a las Instituciones Eclesiásticas, los que sean propiedad de las Administraciones Públicas, los que pertenezcan al Patrimonio Nacional, al Patrimonio Arqueológico y, provisionalmente, aquellos que tengan incoado un expediente sobre declaración de bien de interés cultural. Estos bienes podrían salir temporalmente de España o permutarse en términos similares a los mencionados en el párrafo precedente.

Bienes exportables bajo autorización administrativa

Están sujetos a autorización administrativa, que habrán de solicitar los propietarios o poseedores, los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, los inscritos en el Inventario general de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia. También, cautelarmente, aquellos que tengan incoado expediente de inclusión en dicho Inventario. La exportación de estos bienes no sólo está sujeta a autorización administrativa sino que desde la solicitud de autorización existe un derecho de adquisición preferente que podrá ejercitar la Administración.

Bienes exportables bajo autorización administrativa que se concederá siempre

Bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente documentada de modo que el bien importado quede plenamente identificado. Durante el plazo de diez años, desde que se produjo la importación, tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos.

Bienes exportables libremente

Residualmente, son exportables libremente aquellos que no se encuentran comprendidos en los apartados anteriores. Es decir, bienes integrantes de patrimonio histórico con menos de 100 años de antigüedad y bienes con más de 100 años de antigüedad que no tengan ninguna relevancia para el Patrimonio Histórico. Esta aseveración por muy obvia que parezca encierra algunas cuestiones transcendentales en esta disciplina.

¿Cómo podemos saber si un bien, con más de 100 años de antigüedad que no se encuentra inscrito ni en el Registro de Bienes de Interés Cultural ni en el Inventario, puede tener alguna relevancia para el PHE y por tanto estar sujeto a autorización administrativa de exportación? La genérica y abstracta definición de PHE deja al propietario de estos bienes en una evidente inseguridad jurídica, lo que en algunos casos, y ante la ignorancia, le pueda servir para eximirle de responsabilidad penal por sus infracciones.

Solicitud de exportación y paralela oferta de venta irrevocable a favor de la Administración

Con carácter general, siempre que se formule solicitud de exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa.

La solicitud del permiso de exportación se remitirá al Ministerio de Cultura, salvo en las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias de tramitación de estas solicitudes.

Plazo de resolución y sentido positivo del silencio administrativo

La resolución de la solicitud de permiso de exportación deberá dictarse en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que dicha solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse que aquélla es estimatoria de la solicitud.

La resolución presunta, como es natural, requiere la emisión de la correpondiente certificación, que estará a cargo de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura.

Tasa

La autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español estará sujeta a una tasa, salvo que se trate de una exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años siguientes a su importación (y cumpla ciertos requisitos legales); de una salida temporal legalmente autorizada; o la exportación de objetos muebles de autores vivos.

Sanciones

La contravención de las disposiciones sobre exportación de bienes del PHE puede dar lugar a diferentes sanciones de variada naturaleza.

a) La atribución de los bienes ilegalmente exportados al Estado

Pertenece al Estado los bienes muebles integrantes de PHE exportados sin la preceptiva autorización (lo que también se aplicará por deducción lógica a los bienes inexportables)

b) Delito de contrabando

La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización preceptiva, puede constituir delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o hecho posible.

Según la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, comenten delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

Con carácter general quienes cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años (en su mitad superior) y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

Accesoriamente se decretará el comiso de los bienes.

c) Infracciones administrativas

Salvo que sean constitutivos de delitos, la exportación ilegal constituye infracción administrativa sancionable, cuando el daño causado sea valorable económicamente, con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado. En los demás casos con multa de hasta 601.012,10 euros.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal
Abogado experto en Patrimonio Histórico
 
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Categorías de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español


Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas por la legislación autonómica, la legislación básica del Estado se refiere a algunas categorías de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Patrimonio Arqueológico

El art. 40 del a Ley de Patrimonio Histórico dice que forman parte de este Patrimonio los bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

Finalmente la Ley establece claramente que las actuaciones en yacimientos arqueológicos pueden ser o bien excavaciones o prospecciones, y tienen que ser autorizadas debidamente por la Administración competente, así como que todos los bienes que sean descubiertos, son de dominio público, es decir, se prohíbe tajantemente su comercialización.

Patrimonio Etnográfico

Forman parte del Patrimonio etnográfico conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Además se establece una protección especial para aquellos que se hallen en peligro de desaparición, señalándose en este caso que la Administración competente adoptará las medidas conducentes al estudio y documentación científica de estos bienes muebles, inmuebles o inmateriales.

Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica

La Ley de Patrimonio Histórico en su artículo 28, establece que “los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán transmitirse a particulares ni a entidades mercantiles”.

Patrimonio Documental

Se entiendo por documento toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material incluidos los soportes informáticos. La Ley de Patrimonio Histórico establece la realización del Censo de Patrimonio Documental, que se elaboran a través de convenios de colaboración entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas y que incluye:

    1. Los documentos generados, conservados o reunidos por cualquier organismo o entidad de carácter con público y así como lo relacionados con la gestión de dichos servicios.
    2. Los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
    3. Los documentos con una antigüedad superior a cien años generados, conservados o reunidos por entidades particulares o personas físicas.

Patrimonio Bibliográfico

Forman parte de este Patrimonio, según el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Histórico:

    1. Las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado en escritura manuscrita o impresa de la que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos.
    2. Las obras literarias, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de la que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en bibliotecas o servicios públicos.
    3. Los ejemplares productos de películas cinematográficas, materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de la que consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos o uno en el caso de películas cinematográficas.
Antonio Pedro Rodríguez Bernal
Abogado experto en Patrimonio Histórico
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El hallazgo casual de antigüedades y su régimen jurídico


Frecuentemente nos preguntan si las antigüedades -bienes integrantes al Patrimonio Histórico Español- halladas en el curso de una obra, movimiento de tierras o simplemente por casualidad cuando se pasea por el campo, pertenecen a quien las encuentra. No en vano, buena parte de las antigüedades que hoy se encuentran en el comercio fueron, en origen, entraron en el circuito del mercado de esta forma.

La normativa sobre Patrimonio Histórico (PH) inaugurada con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, deja claro que dichos bienes son de dominio público, suponiendo una excepción a lo dispuesto, con carácter general, en el Código Civil, que dispone que el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare, y cuando se descubriere por casualidad en propiedad ajena o del Estado, la mitad se aplicará al descubridor (art. 351 del Código Civil). El Código entiende por tesoro “el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste”, lo que bien podría aplicarse a la mayoría de las antigüedades que suelen encontrarse (monedas, ánforas, jarrones, objetos ornamentales, etc.)

Actuación correcta (en general)

Siendo de dominio público expondremos brevemente el régimen establecido para este tipo de hallazgos.

1º) Hallado el objeto o resto de materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, el descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales.

2º) Desde la comunicación del descubrimiento, el descubridor adquiere la condición de depositario, siéndole de aplicación el régimen del depósito legal (lo que implica que el poseedor deberá ser diligente en la custodia de las piezas incurriendo en responsabilidad civil en caso contrario). El carácter de depositario cesa cuando los objetos sean entregados a la Administración competente o a un Museo público.

Administración competente

Siendo competentes para la ejecución de la Ley de Patrimonio Histórico Español, los organismos que “en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico” (artículo 6), normalmente será la propia Comunidad Autónoma quien deba designar los mismos, de acuerdo a su normativa específica. Ésta suele establecer un régimen para el hallazgo que difiere, en cierto grado, de la regulación general, más arriba expuesta.

Comunidad Autónoma Andaluza

A modo ejemplo, ya que será arduo reproducir cada régimen autonómico, en Andalucía, la comunicación del hallazgo habrá de realizarse, inmediantamente, a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas.

Los restos deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración sin que se pueda proceder a su remoción por el descubridor salvo autorización expresa (Vid. artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía)

Tanto esta Comunidad Autónoma como otras también sancionan el uso no autorizado de aparatos detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos arqueológicos, en Zonas Arqueológicas y bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o en sus entornos, en Zonas de Servidumbre Arqueológica o en cualquier otro lugar en los que haya constancia de la existencia de un yacimiento o de restos arqueológicos.

Derecho al premio

El hecho de descubrir o de ser propietario del lugar donde aparece el objeto tiene algún beneficio para uno y otro, pues tendrán derecho a un premio en metálico equivalente a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.

Sanciones

La práctica de apropiarse las monedas y otros objetos de valor histórico patrimonial constituye una evidente infracción. No sólo se perdería el derecho al premio, lo que hay que entender en el sentido de que este decaimiento del derecho se produciría desde que la Administración detectara la apropiación o emitiera algún requerimiento de entrega, sino que además se iniciaría el correspondiente expediente sancionador.

Las sanciones administrativas por dicha infracción varían según se considere la normativa del Estado o de las Comunidades Autónomas. Siendo, en cualquiera de los casos, astronómicas y, probablemente, abusivas si se las compara con la normativa penal, de aplicación preferente.

Mientras que la multa a imponer por el Estado es de hasta 60.102,29 €, las Comunidades Autónomas suelen imponer cantidades muy superiores. Por ejemplo, las sanciones previstas por la normativa autonómica andaluza oscilan entre multa de cien mil un euros (100.001) a doscientos cincuenta mil euros (250.000). Por supuesto, en cualquier caso, se produciría el decomiso de las piezas aprehendidas.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal
Abogado experto en Patrimonio Histórico
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El Patrimonio Histórico Español y su régimen jurídico


Las obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Español (PHE) están sometidas a un riguroso régimen jurídico cuya contravención puede ocasionar sanciones que, en el peor de los casos, pueden ser de naturaleza penal. Muchos poseedores de una obra de estas características se ven envueltos en serios problemas con la Administración cuando, de pronto, descubren que cierto cuadro o cierta antigüedad no podían venderse o exportarse libremente. Quien tenga la fortuna de poseer una obra del PHE ha de tener unas nociones elementales del complejo régimen jurídico al que se somete su propiedad o mera tenencia.

Bienes del PHE

Integran el PHE los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Esta definición tan genérica, como abstracta, comprende tres grandes tipos de bienes.

  • Bienes de Interés Cultural (en adelante, BIC), inscritos en el Registro de bienes del mismo nombre, que pueden ser muebles o inmuebles.
  • Bienes inventariados, aquellos bienes muebles inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles (en lo sucesivo, BIG).
  • Resto de bienes, muebles o inmuebles, no inscrito en ningún Registro, sometidos a protección general.

Los bienes pertenecientes a cada uno de estos grupos se caracterizan por disfrutar de un régimen jurídico peculiar, siendo el más riguroso el correspondiente a los BICs, siguiendo el rigor orden descendente.

Bienes del Patrimonio de la Comunidad Autónoma

Las Comunidades Autónomas han establecido una clasificación de los bienes integrantes del patrimonio histórico que se encuentren en su territorio, estableciendo sus propios registros públicos. La regulación es similar a la estatal aunque con distinta terminología que viene a complicar el régimen jurídico de los bienes culturales. Las Comunidades Autonomas crean sus registros análogos que posibilitan inscripciones paralelas. Por ejemplo, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía distingue entre Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz e Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Régimen jurídico peculiar

La propiedad privada está seriamente limitada al tratarse de bienes integrante del Patrimonio Histórico Artístico, aunque su régimen es distinto según se trate de BICs, BIGs o bienes bajo protección general. Las obligaciones impuestas a sus detentadores son mayores en el primer caso y decreciente en los grupos siguientes.

En general todos los bienes se someten a restricciones de uso e implican obligaciones, aun cuando no se encuentren inscritos en ninguno de los registros establecidos al efecto. Los bienes de PHE deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes; y si además tienen la consideración de BICs o BIGs, la dejadez o la falta de adopción de medidas apropiadas puede suponer incurrir en causa de expropiación forzosa, en el caso de los primeros. Lo mismo ocurriría -en caso de inmuebles declarados BICs- cuando se aprecie peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Expropiación que no es incompatible con la imposición de algunas de las sanciones establecidas.

Los bienes integrantes del PHE con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario general, no podrán salir del territorio español, sin la autorización expresa y previa de la Administración. La contravención supondría que dichos bienes devinieran en propiedad del Estado.

Si además se tratase de BICs o BIGs, su enajenación estaría sujeta al ejercicio de derechos de adquisición preferente -tanteo y retracto- por parte del Estado y de la respectiva Comunidad Autónoma, constituyen una exorbitante limitación a los derecho de propiedad.

Expolio

Una de las características del sistema es la persecución del expolio. Para la Ley de PHE, es expoliación “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el PHE o perturbe el cumplimiento de su función social”. En esta amplia definición entran distintas perturbaciones al patrimonio: el contrabando, la exportación de bienes sin la preceptiva autorización, las obras de restauración inconsentidas, las apropiaciones de bienes y, por supueto, los atentados contra la propiedad cuando tengan como objeto un bien integrante del PHE (daños, robos, etc.). El expolio se considera una infracción que puede ser castigada administrativa o penalmente.

Asesoramiento experto

Quien posea bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico, o quien pretenda poseerlos, debería tener unos conocimientos elementales sobre la materia a fin de no incurrir en cuantiosas multas administrativas (que pueden alcanzar los 600.000,00 €) o en sanciones de naturaleza penal. Es imprescinble contar con asesoramiento experto, especialmente, cuando se trata de operaciones transnacionales.

Este artículo, a modo de introducción, y los que le sucedan no pretenden suplir la intervención de expertos, sino poner de manifiesto la compleja regulación del sector y advertir de los riesgos que implica operar con estos bienes a fin de no incurrir en catástroficas contravenciones absolutamente evitables.

Antonio Pedro Rodríguez Bernal
Abogado experto en Patrimonio Histórico